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5:41 am domingo, 11 abril 2021
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Sanciones con comprensión y proporcionalidad

El mayoritario comportamiento ejemplar de la sociedad frente a las medidas impuestas para luchar contra la expansión del coronavirus, está permitiendo una convivencia sin sanciones graves.



La orden del Ministerio del Interior a los agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado de aplicar el criterio de proporcionalidad, a la hora de imponer las sanciones contempladas en el Real Decreto que regula el estado de alarma, se está concretando en un “por favor, vuelva usted a casa y que no tenga que repetírselo”.



Un gesto amigo que se puede volver muy amargo si su comportamiento va más allá y vulnera determinados límites, contemplados en la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015, en la Ley de Salud Pública de 2011, en la Ley de Protección Civil de 2015 y en el artículo 556 del Código Penal.



En una sociedad como la española, pero sobre todo la canaria, enfocada a la vida en la calle porque el mayor tesoro es el bendito clima que convierte a las Islas en un paraíso en la tierra, obviar determinadas rutinas es contranatural. No pasear por la Playa de Las Canteras, no bañarse para aliviar las alergias o dejar a nuestros mayores sin el paseo por la zona, ha costado varios días de mentalización y muchas reprimendas verbales de los agentes de la autoridad.



Pero si esto está resultando complicado en las capitales y los municipios interiores de las islas, el asunto se complica mucho en el caso de las zonas turísticas. Aquí, mientras se empieza a convertir en realidad el cierre de hoteles y complejos de apartamentos, más de un policía se ha tenido que tirar, literalmente, a la piscina para sacar a empujones a una turista o ha tenido que emplear varios idiomas para hacerse entender y explicar que no se puede bajar a la playa.



Todos los incumplimientos que supongan una especial peligrosidad para la seguridad general de las personas y los bienes se considerarán infracciones muy graves y las multas oscilarán entre los 30.001 y los 60.000 euros.



En el siguiente escalón están las infracciones graves, que son todos aquellos incumplimientos que supongan peligrosidad para la seguridad general de las personas y los bienes, aunque en menor grado.



Finalmente, se contemplan las sanciones leves, que se castigarán con multas de hasta 1.500 euros porque se consideran incumplimientos que no supongan una especial trascendencia para la seguridad de las personas o los bienes.



En el capítulo de lo más cotidiano pero, al mismo tiempo, lo más duro que ha traído esta pandemia, el confinamiento de las personas e sus casas, en principio en un plazo de dos semanas, también se contemplan sanciones administrativas y penales.



Si ampliamos por nuestra cuenta las salidas al supermercado, a sacar a nuestra mascota, a dar un paseo en el caso de los diabéticos para mantener los niveles de glucosa compensados o para ir a la farmacia o al médico, nos pueden imponer una sanción administrativa que va desde los 100 a los 600 euros, además de por retirar una valla o precinto.



De hasta 30.000 euros por negarse a identificarse ante un agente de seguridad o hasta de 600.000 por conductas que pongan en grave riesgo la salud de la población.



Si el ciudadano es responsable y consciente de su salud y de las demás, los máximos responsables de gestionar esta crisis ya han explicado que no hay tiempo determinado para el paseo de nuestras mascotas; eso sí, si caminamos por zonas no concurridas y si no se nos ocurre ir parándonos con el resto de las personas que estén haciendo lo mismo.



También ha dejado a nuestro criterio y al del especialista correspondiente, la posibilidad de caminar un rato en el caso de las personas diabéticas, sin perder de vista que Canarias tienen uno de los mayores índices de enfermos con esta patología, para poder mantener los niveles correctos de glucosa en sangre.



El delito de desobediencia a los agentes de la autoridad o al personal de seguridad privada se castiga con penas de uno a tres meses de cárcel. El de atentado contra la autoridad, que contempla agresiones, intimidación grave o violencia contra estos agentes, prevé penas de hasta cuatro años de prisión. Es importante recordar que el personal sanitario, según el Real Decreto aprobado por el Gobierno central, se incluye dentro de los agentes de seguridad.



Finalmente, el estado de alarma hace referencia al artículo 556 del Código Penal para establecer penas de prisión de tres meses a un año, o de seis a dieciocho meses de multa a los que “se resistieren o desobedecieren gravemente a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones o al personal de seguridad privada, debidamente identificado, que desarrolle actividades de seguridad en cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.



Siguiendo las instrucciones del Ministerio del Interior, que en estos momentos es el responsable de todos los agentes que velan por la seguridad ciudadana, incluídas las policías autonómicas, policías locales y agentes de seguridad privada y Protección Civil, además de Policía Nacional y Guardia Civil, los agentes deberán remitir sus actuaciones en materia sancionadora a las subdelegaciones del Gobierno, si es posible, con reportaje gráfico incluido.



Si mira alrededor, no ve a nadie y cree que está a salvo y puede transgredir tanta prohibición, no se olvide de mirar al cielo. Ayuntamientos como el de Telde, por ejemplo, están usando drones a través de brigadas de su Policía Local, para supervisar calles y zonas y denunciar las irregularidades.



En el caso concreto de la Benemérita, bajo su responsabilidad estará custodiar los bienes de la población como comercio, empresas e industrias que han sido clausurados debido a la emergencia sanitaria.

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