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Impulsan una oficina de atención virtual a víctimas de delitos en el archipiélago

El servicio está dirigido especialmente a las más vulnerables, como son las mujeres objeto de agresión sexual o de maltrato, los niños y las personas dependientes

Ciudad de la Justicia, en Las Palmas de Gran Canaria. Foto Web RTVC.
Ciudad de la Justicia, en Las Palmas de Gran Canaria. Foto Web RTVC.

El Gobierno de Canarias ha puesto en marcha una oficina de atención virtual a las víctimas del delito, dirigida especialmente a las más vulnerables, como son las mujeres objeto de agresión sexual o de maltrato, los niños y las personas dependientes, a la que se puede acceder desde un ordenador, teléfono móvil o un chat.

El consejero de Administraciones Públicas del Gobierno de Canarias, Julio Pérez; el fiscal superior de Canarias, Luis del Río; y la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, han presentado este nuevo servicio telemático de acompañamiento y psicológica y jurídica especializada. Lo atenderá un equipo formado por mujeres y no deja «huella» digital en los dispositivos que se empleen para mayor seguridad del denunciante frente a su agresor.

Protección

Se trata de un paso más y «muy importante» en la protección de las víctimas, al que seguirá la puesta en marcha de oficinas presenciales en las dos capitales canarias a lo largo de este año, según dijo la viceconsejera de Justicia, quien precisó que para entrar a oficina virtual es preciso acceder a través de la página web de la Consejería si bien se trabaja en una aplicación de acceso directo.

Vallejo ha recalcado que para hacer uso de este oficina no es preciso haber presentado previamente una denuncia, así como el hecho de que se trata de una vía de comunicación con la víctima «menos invasiva» y que rebaja la «presión» del proceso judicial para hacerlo más accesible.

La oficina arranca en coordinación con la Fiscalía de Canarias, por lo que las fiscales delegadas de protección de víctimas emplearán también este servicio. Lo harán para aquellas más vulnerables, que requieren de una actuación «más proactiva de los servicios públicos», y posteriormente se extenderá a los órganos judiciales, ha indicado Vallejo.

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