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12:23 pm jueves, 15 abril 2021
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La actividad judicial, bajo mínimos en Canarias

En la apertura del presente año judicial, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Antonio Doreste, hacía una foto fija del estado de la justicia en el Archipiélago. Nombraba algunas mejoras que él mismo calificaba como insuficientes. La tasa de asuntos pendientes de resolver había descendido ligeramente y había bajado el índice de congestión. Admitió que el retraso en las ejecuciones de sentencias es relevante y que sigue los retrasos “en las respuestas judiciales al ciudadano». No imaginaba Doreste que seis meses después el sistema judicial iba a frenar en seco.



La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó el 14 de marzo la suspensión de todas las actuaciones judiciales que estaban programadas y de los plazos procesales mientras dure la declaración del estado de alarma, aunque fijaba unos servicios esenciales. Los Juzgados siguen funcionando pero, en la práctica, sólo atienden lo inaplazable. Fuentes jurídicas aseguran que incluso se ha apercibido con sanción a un procurador por insistir en presentar una demanda, ya que se recomienda no presentarlas.



Jueces, fiscales y letrados de la administración de justicia pueden trabajar en casa. Es posible avanzar en la instrucción de alguna causa y dictar sentencias mientras que los funcionarios no pueden trabajar en casa. Todos los que están de guardia acuden al Juzgado y un trabajador más por cada Juzgado, aunque la organización, en realidad, depende del decanato de cada partido judicial. En Fiscalía hay trabajadores de guardia y otros atentos al teléfono por si ocurre algo y tienen que acudir presencialmente.



Este jueves, el CGPJ ha advertido a las comunidades autónomas que “la dispensa al personal colaborador establecido para los servicios mínimos para acudir a sus puestos de trabajo en Juzgados y Tribunales en estos momentos cruciales impediría, en la práctica, la efectiva apertura de los órganos judiciales” y solicita que se garanticen esos servicios.



La jurisdicción con más trabajo, de momento, es la penal y la mayor actividad se produce en los Juzgados especializados en violencia de género. El trabajo es prácticamente el mismo. En los Juzgados de guardia se tramitan algunas detenciones por robo con fuerza, lesiones o agresiones, no sólo por violencia de género.



También señalan fuentes judiciales que en algunos casos el detenido se ha quedado en comisaría tras contactar por teléfono con él y decretar el sobreseimiento provisional. Se puede tomar declaración videoconferencia o de manera presencial y la Policía envía los atestados por fax o por correo electrónico porque no se pueden recoger en mano.



En la jurisdicción contencioso administrativa no se trabaja mucho porque se han suspendido los plazos de la Administración. En la de lo Social tampoco pero lo más probable es que dentro de dos semanas aparezcan una avalancha de ERES y ERTES con demandas individuales y colectivas que deberán resolver los Juzgados o la Sala de lo Social, dependiendo de si son declaradas o no de fuerza mayor y del ámbito de actuación de la empresa.



Por videoconferencia



La Policía tiene orden de no trasladar ante los jueces a aquellos a quienes trasladaba hasta la semana pasada para fijar un juicio rápido, como por ejemplo conductores positivos en alcoholemia, que es uno de los más comunes. No es un servicio esencial.



Tampoco presentan escritos de manera presencial los abogados. Se presentan por LexNet o se envían por fax los que son urgentes e inaplazables. Las excepciones se refieren a aquellas actuaciones judiciales que, “de no practicarse pudieran causar perjuicios irreparables”, como internamientos urgentes, protección de menores, órdenes de alejamiento, vigilancia penitenciaria o causas con preso o detenidos.



En el Registro civil se tramitan enterramientos, celebración de matrimonios in articulo mortis e inscripciones de nacimiento.



La sección sexta de la Audiencia provincial de Las Palmas incluso celebró este mismo jueves un juicio contra una persona que está en prisión y al que piden una pena de doce años de cárcel por abusos sexuales. El TSJC señala que el estrado, el micrófono la silla y la mesa se limpiaron después de cada declaración de un testigo. El acusado declaró desde la cárcel de Salto del Negro.



Si fuera necesario el cierre de la actividad o el desalojo de las dependencias judiciales por detectarse casos de infección por coronavirus serían el presidente del TSJC, los de la Audiencia provincial o los decanatos los que decidieran el cierre, pero hasta el momento no se ha dado ningún ni han trascendido casos de positivos en la esfera judicial.





Normalidad



Fuentes jurídicas señalan que todos los servicios funcionan con normalidad excepto los juicios rápidos y que ha bajado la actividad durante una guardia. Añaden que si se alarga la situación de confinamiento la conflictividad puede empeorar.



“Hasta ahora hay lesiones o robos en establecimientos, pero no en domicilios por motivos evidentes”, señalan. En Tenerife se ha condenado a dos personas por quebrantar el confinamiento. Uno de ellos agredió a los policías y deberá pagar una multa de 360 euros por desobediencia más la multa por la agresión.



Los Juzgados de Las Palmas de Gran Canaria solo hacen guardias de un día mientras que en el resto de partidos judiciales del Archipiélago, las guardias son semanales, por lo que habrá algunos Juzgados que no lleguen a estar de guardia durante este confinamiento.



En los partidos judiciales de tamaño medio, como Arrecife, Puerto del Rosario, Telde, Arona, San Bartolomé de Tirajana o La Laguna, el número de señalamientos aplazados en dos o tres semanas superará los 500 en cada uno de ellos, casi todos juicios civiles.



El parón judicial también afectará a las grandes causas. La vista oral del caso Stratvs se inició en enero y tenía sesiones previstas hasta abril, así que no será fácil encontrar nuevas fechas para continuar con el juicio. En cualquier caso, el retraso por esta situación excepcional no servirá para solicitar dilaciones indebidas por parte de ningún encausado.



Para la mayoría del colectivo de la abogacía, la única actividad en estos días es la asistencia al turno de oficio. Y también los únicos ingresos. Un abogado asignado a guardias en Lanzarote y Tenerife asegura que aún recibe alguna notificación de asuntos por clientes que están en prisión preventiva y afirma que mientras dure esta situación “nadie va a encargar ningún trabajo y posiblemente tampoco vaya a pagar los anteriores”. “El panorama para los abogados es de un abismo de seis meses sin ingresos, solo del turno”, señala. El Colegio de abogados de Tenerife ha pedido al Gobierno de Canarias celeridad en los pagos del turno correspondiente al cuarto trimestre de 2019.

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