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La Abogacía Española tiene desde este martes nuevo Estatuto General

El nuevo Estatuto General de la Abogacía Española entrará en vigor el próximo 1 de julio y sustituirá al actual, que es de hace 20 años

El Gobierno ha aprobado este martes el nuevo Estatuto General de la Abogacía Española que regula las condiciones de colegiación de los abogados y las normas de los colegios y de su Consejo General. Entrará en vigor el próximo 1 de julio en sustitución del actual, que data de hace veinte años.

El nuevo texto se adapta a la legislación posterior a la aprobación del actual estatuto. Hace gran incidencia en el ejercicio de la profesión, como las leyes de transposición de la directiva de servicios, de acceso a las profesiones de abogado y procurador de los tribunales y de sociedades profesionales, informa el Ministerio de Justicia.

El estatuto somete el gobierno de los colegios a los principios de democracia, autonomía y transparencia. Además, introduce la obligatoriedad de que los consejos y colegios de la abogacía ofrezcan mayor difusión de sus servicios y su trabajo a través de su página web.

Derechos y deberes

Asimismo recoge el derecho y el deber de los profesionales a la formación continuada y especializada. Regula la igualdad efectiva de mujeres y hombres en la provisión de los órganos colegiales y promueve la conciliación de la vida familiar y profesional.

Por otro lado, el estatuto ofrece una mejor regulación de los deberes de los profesionales de la abogacía con sus clientes. No sólo para que cumplan en el asesoramiento y defensa, sino también con obligaciones de transparencia.

Además pone en marcha la ventanilla única de los colegios para ofrecer de forma clara y gratuita información a los consumidores y usuarios. Como añadido, recoge la preocupación por fomentar un elevado nivel de calidad de los servicios prestados así como su constante mejora.

El estatuto regula un nuevo régimen de responsabilidad disciplinaria mediante el que la organización colegial debe velar por la ética y la dignidad profesional y por el derecho de los particulares, recogiendo sanciones por el incumplimiento de sus obligaciones.

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