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Bárcenas acusa a Rajoy de destruir pruebas que reflejaban la contabilidad B del PP

Así lo relata en una carta remitida a la Fiscalía Anticorrupción, en la que narra que el expresidente usó una «destructora de papeles» para deshacerse de la documentación cuando se la mostró en su despacho en 2009.

El extesorero del PP Luis Bárcenas ha asegurado en una carta remitida a la Fiscalía Anticorrupción que el expresidente del Gobierno y líder del PP Mariano Rajoy se deshizo en una máquina «destructora de papeles» de la documentación que reflejaba la contabilidad en B del partido sin saber que él guardaba copia.

Así lo relata en esa carta, a la que ha tenido acceso Efe, en la que narra que conoció que Rajoy había destruido esa documentación cuando él le mostró en su despacho en 2009 la copia que conservaba de esa contabilidad opaca y de la que gran parte, asegura, le fue después sustraída del estudio de su mujer cuando él estuvo en prisión preventiva. Un robo que ahora se investiga en la pieza Kitchen del caso Villarejo.

En esta misma misiva, de 8 folios, remitida a la Fiscalía a cinco días de que comience el juicio por la caja b del partido, Bárcenas, que también sostiene que Rajoy percibió sobresueldos mensuales extraídos de la caja B, explica que ha decidido colaborar con la justicia al constatar que «con ingenuidad» dio por buena la promesa que se le hizo por parte del partido, a través de un intermediario, de que su mujer, Rosalía Iglesias, no entraría en prisión por el caso Gürtel, por el que ambos cumplen actualmente condena.

Esta circunstancia, añade, le llevó a firmar «la paz» con el que había sido durante 20 años su partido, «retirando la denuncia que había interpuesto por la destrucción» de sus ordenadores y renunciando a sus «pretensiones laborales» por su salida del PP.

«Si me pudiera haber quedado ánimo de guardar silencio por lo que alguien pudiera entender como una lealtad mal entendida, lo cierto es que me ha resultado desalentador» conocer los hechos que se están instruyendo en Kitchen.

Unos hechos, prosigue, que revelan las vigilancias ilegales a las que fue sometida su familia «con uso de fondos reservados» y que fueron ordenadas por «altos cargos del entonces Gobierno» de Rajoy.

Esas actuaciones, que contaron con «la inestimable colaboración de altos cargos policiales», llegaron «hasta el punto de lograr la sustracción de documentación sensible» para el PP, como fue el robo de «pendrives» y «diversos papeles» del estudio de su mujer.

«A esto hay añadir, nada menos, el secuestro y las amenazas de muerte sufridas por mi familia, en nuestro propio domicilio familiar, por el llamado falso cura», recuerda el extesorero, al señalar que estos episodios «pueden dar idea de la presión y sufrimiento» que han estado padeciendo él y su familia.

En la carta también alude a su «desconfianza» hacia la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal y subraya que uno de los policías implicados en Kitchen, Andrés Gómez Gordo, fue asesor de ella cuando gobernó en Castilla-La Mancha.

Estas circunstancias, así como por el dolor «infringido a mi mujer y a mi hijo» y «el mal a la sociedad fruto de una España en la que todo valía», dice, son las que le han llevado a ofrecer su colaboración con la Justicia y a presentar este escrito, que se ciñe a los hechos que se juzgarán el próximo 8 de febrero y que se refieren al pago en negro de la reforma de la sede del PP reflejados en la contabilidad en B.

En este sentido sostiene que desde 1982 existió un sistema «institucionalizado» de financiación del PP con «percepciones en B» a través de donativos y que los hechos que se juzgarán la próxima semana parten del periodo 2004 a junio de 2008, siendo ya presidente del partido Rajoy; secretario general Ángel Acebes y tesorero Álvaro Lapuerta (él tenía entonces el cargo de gerente).

Recuerda que, en esa caja B, existían en el ejercicio 2007 unos ingresos de 500.000 euros y en 2008 de algo más de un millón, de los que se destinaron unos 900.000 a la reforma de la sede.

Esos fondos se nutrían, confiesa, de donativos de personas relacionadas con empresas «beneficiarias de importantes adjudicaciones públicas», que se hacían en entregas en metálico a Álvaro Lapuerta, «estando yo presente en alguna de ellas», revela.

Esto era así, añade, porque Lapuerta era una persona «de máxima confianza del partido» y «la persona designada de poner en conocimiento -si fuera el caso- al ministro que fuera competente» para la adjudicación de obra pública correspondiente.

No obstante, aclara, la «inmensa mayoría de estos donativos no tenían una naturaleza finalista», entendiendo por ello la adjudicación de obra pública, «sin perjuicio, de que puedan existir, algunos concretos casos» en los que sí fue así.

Destaca además que parte de esos donativos no se reflejaban en la contabilidad que el partido remitía al Tribunal de Cuentas, ya que muchas veces se ingresaba el dinero fraccionándolo «en tantos abonos como fuesen necesarios» para no superar el límite de 60.000 euros, aunque a veces «era indiferente que se superara».

Las donaciones se hacían en el despacho de Lapuerta o en restaurantes y los donantes no pedían recibo, y en todo caso el entonces tesorero lo apuntaba en una tarjeta de visita «para su constancia».

Parte de esos donativos, en torno a 1,2 millones, se ingresaron en el Banco Vitoria y en el Popular, mientras que otros fueron depositados en la caja fuerte de su despacho.

De ahí se extraían los sobresueldos a miembros del partido, entre los que cita a Rajoy, Cospedal, Federico Trillo, Pío García Escudero, Francisco Álvarez Cascos, Ángel Acebes, Javier Arenas, Rodrigo Rato y Jaime Ignacio del Burgo.

Asegura además que existe una grabación, que está en poder de una persona y que él ha escuchado, en la que Lapuerta le habla de esas entregas que se realizaban mensualmente y menciona a Rajoy.

Tras corroborar los pagos opacos de la reforma de la sede del PP, Bárcenas afirma también que de la caja b se destinaron 140.000 euros a finales de 2004 para la compra de acciones de Libertad Digital por resultar este medio afín a las ideas del PP y «especialmente, a las tesis de autoría de ETA en los atentados del 11M que tuvieron lugar unos meses antes».

En 2007, continúa la carta, supo que Lapuerta procedió a vender esas acciones «desconociendo el precio de venta» y si devolviera esa cuantía a la caja B.

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